Agrupaciones de la juventud kirchnerista pidieron por la liberación de "cinco presos políticos" cubanos en Estados Unidos, informaron los representantes juveniles.
Los dirigentes se reunieron anoche en la Casa de la Patria Grande Presidente Néstor Carlos Kirchner con el embajador de la República de Cuba, Jorge Lamadrid Mascaro, "en el marco de la campaña mundial por la libertad de los cinco cubanos luchadores contra el terrorismo", indicó un comunicado.
Del encuentro participaron La Cámpora; la juventud del Partido Comunista Congreso Extraordinario (PCCE); la JP Descamisados; la JP Evita; el Partido Intransigente; Kolina; La Tupac; el Frente Transversal; Peronismo Militante; la Juventud Sindical y la juventud del Encuentro por la Democracia y Equidad
(EDE).Según el texto, en la reunión los jóvenes firmaron un llamamiento en el que expresaron "la solidaridad" de sus organizaciones y exigieron que el presidente estadounidense, Barack Obama, libere inmediatamente a Fernando González, Gerardo Hernandez, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y René González.
El reclamo tiene como objetivo el "fin a los más de 12 años de injusta prisión y a la descomunal condena que le impusieron en un juicio plagado de irregularidades y arbitrariedades, sin pruebas que respaldaran las acusaciones, y que sería considerado nulo en cualquier país del mundo", indicó el documento.(Télam).-
El presidente del directorio de Télam, Martín García, puso hoy en funcionamiento el sistema informático que permitirá a la Asociación Madres de Plaza de Mayo el acceso a las noticias que elabora la agencia nacional en sus formatos escrito, de audio y visual.
En un encuentro que se realizó en la sede de la institución ubicada en Hipólito Yrigoyen 1584, García destacó la importancia de que esa asociación "pueda tener las noticias en el mismo momento en que estas llegan a todos".
La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, celebró este reconocimiento y destacó que se haya puesto a Télam "al servicio del pueblo".
Dijo también que "la noticia sana, bien intencionada y verdadera hace falta a todos, sobre todo en un momento muy importante, casi clave, cuando se están diciendo tantos disparates por ahí".
La Asociación Madres de Plaza de Mayo y Télam habían firmado el 3 de mayo un acuerdo por el cual la Asociación accede a las aproximadamente 400 noticias que se redactan a diario. (Télam)
En los últimos días, una vez más, ciertos medios, periodistas, algún abogado ultramontano y un puñado de políticos con brújula prestada que se amontonan en ese espacio difuso llamado oposición, aspiran a instalar su nuevo banquete mediático, atravesando un límite que hasta el momento no se habían atrevido a traspasar: el pañuelo blanco. Quieren, sin medir las consecuencias, o tal vez, con plena conciencia, convertir a los pañuelos y su historia en mantel de obscena bacanal. Arrastrar al barro un símbolo de lucha, resistencia, coherencia y, también, de apuesta por el futuro, como son y han sido las Madres de Plaza de Mayo desde hace 35 años –cuando muchos de los balbuceantes de hoy estaban escondidos o, peor, haciendo oficialismo del terror de Estado–, es un síntoma peligroso.
La controvertida salida de Sergio Schoklender de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo, y en particular del proyecto Misión Sueños Compartidos, el emprendimiento de construcción de viviendas sociales que llevan adelante Hebe Bonafini y sus compañeras de vida y de lucha, –una labor de hondo compromiso con el más amplio sentido de lo que significan los Derechos Humanos–, fue la frutilla mediática que necesitaban los operadores habituales de las habituales corporaciones.
Tras las denuncias públicas en su contra, Schoklender fue a la redacción de Clarín a dar sus explicaciones, lo que el diario de Noble y Magnetto transformó en un título dominical con el que no dudó, claro, en apuntar sobre las Madres. Ayer Schoklender mantuvo su gira por algunos medios, entre ellos C5N con Eduardo Feinmann. Durante la entrevista, de casi una hora, recordó, por ejemplo, que las Madres nunca cobraron un peso del Estado en concepto de reparación histórica por la desaparición de sus hijos.
Pero la discusión hoy es otra. Porque descontextualizar la ofensiva contra las Madres que se montó en la última semana es, como mínimo, dar una interpretación sesgada de lo que se está contando. Algo a lo que nos han acostumbrado.
En simultáneo a conocerse la partida de Schoklender, Eduardo Duhalde, en un acto de campaña en Tucumán, el pasado 26 de mayo arremetió contra Hebe con descalificaciones dignas de un cromañón político. El mismo Duhalde que el año pasado, durante una entrevista radial que le realizó Magdalena Ruiz Guiñazú, afirmó que “hay que parir en 2011 un gobierno para todos los argentinos: para los comunistas, socialistas, para el que quiere a Videla y para el que no lo quiera”, ese Duhalde que calificó a la “maldita Bonaerense” formada en las mazmorras del genocida Camps como “la mejor Policía del mundo”, el mismo que en su flamígero discurso tucumano buscó contraponer a las Madres Línea Fundadora –a quienes elogió– con Hebe. Pero fueron Tati Almeyda, Nora Cortiñas y las demás Madres que dejaron la Asociación que preside Bonafini en 1986 quienes volvieron las cosas a su lugar: “Él es antagónico con todos los organismos. Duhalde no tiene autoridad alguna en el campo de los Derechos Humanos. Se trata de un reivindicador y propiciador público de la impunidad de la dictadura cívico-militar que ejecutó el terrorismo de Estado en nuestro país y cuyos delitos contra la humanidad están siendo juzgados en la actualidad por la justicia argentina. Por lo tanto, carece de todo valor moral y ético para formular cualquier tipo de opiniones que, de hecho, resultan perversas.”
El contexto actual, preelectoral y mezquino, permite entender la voracidad. En ese marco aparece el abogado ultracatólico Jorge Luis Vitale, que cortó y pegó lo publicado en la prensa sobre el apartamiento del ex administrador de la Fundación de las Madres y partió raudo a los tribunales para denunciar a Schoklender por el presunto manejo irregular de fondos. También apuntaron contra Bonafini el ministro Julio de Vido y el jefe de Gabinete Aníbal Fernández. El expediente 6204/11 quedó radicado en el Juzgado Federal Nº 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Allí denuncia entre otros supuestos delitos la “violación a los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, defraudación a la administración pública y abuso de autoridad”, y que las viviendas construidas por la Fundación Madres de Plaza de Mayo tuvieron un costo, para 43 metros cuadrados, de 250 mil pesos, “cuando el costo real no superaría los 50 mil”.
¿Quién es Vitale? Fue funcionario menemista entre 1989 y 1993. Durante la gestión de Carlos Grosso en la Ciudad de Buenos Aires fue secretario de la Comisión de Obras Públicas de la Legislatura porteña, y luego secretario legislativo del Bloque Lealtad Peronista, para regresar como secretario de la Comisión de Vivienda entre 1995 y 1996, y más tarde como secretario de la Comisión de Planeamiento Urbano y Vivienda. Su irrupción pública más recordada fue en mayo de 2006, cuando luego de estrenarse la película El Código Da Vinci, Vitale se presentó ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal como “católico apostólico romano, afectado por la película”, ya que era “una agresión y un insulto a la creencia de la mayoría”. Le reclamó a la justicia que la distribuidora aclarase que se trataba de una ficción. Volvió a la notoriedad como uno de los más fervientes detractores de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, y hasta se presentó en el Registro Civil de la Avenida Coronel Díaz, 24 horas antes de la ceremonia entre Alex Freyre y José María Di Bello, para dejar asentada su oposición al enlace. En un inclaudicable derrotero tribunalicio, las últimas denuncias que radicó Vitale son:
–14 de abril: contra el titular de la Unidad de Investigación Financiera, UIF, José Sbatella, y su vicepresidente Gabriel Cuomo, por presunta “violación de los deberes de funcionario público”, basado sobre la difusión de cables de WikiLeaks.
–13 de enero: contra Cristina Fernández; Aníbal Fernández y Julio De Vido, por el otorgamiento discrecional y sin control de subsidios estatales.
–5 de enero: contra la presidenta por el presunto delito de “violación a los deberes de funcionario público” por la prórroga del Presupuesto 2010.
–3 de setiembre de 2010: contra Cristina, Néstor Kirchner y el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno por “extorsión”.
–22 de julio de 2010: contra el ministro de Salud, Juan Manzur, por “apología del delito, violación de los deberes de funcionario público e instigación a cometer delitos”, por la difusión de la “Guía Técnica para la Atención Integral de los abortos no punibles”.
–22 de febrero de 2010: contra la presidenta del BCRA Mercedes Marcó del Pont, por violación de los deberes de funcionario público, en medio de la polémica por el uso de reservas.
Hebe, en tanto, sigue viviendo en su casa de siempre en La Plata. Allí pasó el fin de semana sin ceder ante las guardias periodísticas que le montaron, manteniendo, por el momento, silencio público y contándole a sus íntimos que nada tiene ella que explicar. Las obras están a la vista. Su historia, también.
“Las Madres de Plaza de Mayo jamás cobraron una indemnización, llevan una vida muy austera, prácticamente no veranean, viven para la política y para preservar la memoria de sus hijos; a mí me gusta pasear, veranear y disfrutar.” De ese modo, y con un tono relajado, el ex apoderado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, se presentó anoche en televisión mostrando su costado de emprendedor interesado en el desarrollo de tecnología. “Soy un ingeniero e inventor frustrado”, dijo durante la entrevista en el canal C5N. “El dinero de las Madres no alcanza para pagar lo que hay que pagar, puedo justificar mis ingresos mucho más que algunos funcionarios públicos”, aseguró, cuando se le preguntó si se había enriquecido durante los últimos años. El jefe de Gabinete Aníbal Fernández separó de toda sospecha a Bonafini, dijo que “si hay algo para investigar, hay que dejar que la Justicia lo haga”, y reiteró que “no es el Gobierno el que tenga que preocuparse por este tema”.
Por la mañana, en una entrevista con el periodista Daniel Tognetti, el abogado consideró que el intento de descalificar el trabajo de las Madres y de este proyecto (en referencia a la Fundación Sueños Compartidos), para pegarle por elevación al gobierno nacional o extorsionarlo, “es una canallada”. Durante el reportaje aseguró que puso a disposición su renuncia cuando se produjo la toma del Club Albariños. Destacó, a su vez, que durante dieciséis años le había puesto el cuerpo y todo su tiempo a la lucha de las Madres, y que no podía continuar con su tarea en la fundación. Consultado sobre la cantidad de viviendas que Sueños Compartidos había construido, el ex apoderado señaló que se trataría de cinco mil viviendas, con la ayuda de seis mil trabajadores de la construcción, en unos 40 obradores ubicados en todo el país.
Asimismo, se definió como un apasionado por la investigación y las nuevas tecnologías, y que sus ingresos provenían de la aplicación y desarrollo de patentes y royalties, del asesoramiento jurídico y en ingeniería, pero subrayó que “para la fundación mi trabajo es gratuito”. Sin hablar de su alejamiento de Madres –que se concretó el 6 de mayo, pero se difundió el viernes pasado–, Schoklender señaló que la tarea de formar un equipo que lo reemplazara había comenzado hace dos años, y que desde ese tiempo ya no firmaba ningún tipo de documentos. “Jamás eludo mis responsabilidades en nada en la vida. Al principio firmaba desde las cartas documento hasta los cheques. Pero esto fue tomando una envergadura que necesitó del trabajo de otras personas.”
“Necesitaba tiempo para mí, para mi familia y para mis cosas”, dijo. Sobre el financiamiento de las viviendas que construye Sueños Compartidos, recordó que cada jurisdicción va pagándole a la fundación “por estricto avance de obra. En muchas obras la fundación estaba trabajando con precios de hace tres años”, agregó. Según el abogado, a la fundación se le paga lo mismo que el gobierno nacional asigna por medio del Plan Federal de Vivienda, “con la diferencia de que las viviendas que nosotros construimos son de mejor calidad”. ¿Por qué decidió hablar primero con Clarín?, preguntó el periodista. “Porque fue el primero que me llamó. Mi hijo me preguntó: ‘¿Por qué vas a ese diario que escribe todo mal?’.”
También contó los detalles sobre el acuerdo para ser entrevistado por ese medio. “Exigí que la entrevista se filmara completa. El compromiso de ellos fue que no iban a editorializarla ni a cortarla. Por supuesto, hicieron un cambalache, como de costumbre.” Schoklender aseguró que no “existe nada turbio ni oscuro”, y que quien dude de la honestidad de las Madres “es un canalla”. Respecto de la vivienda a su nombre ubicada en José C. Paz (de 12.000 metros cuadrados y 19 habitaciones), volvió a afirmar que la había comprado con su propio dinero.
“Jamás viví ahí. Esa casa no está en condiciones de ser habitada. Compramos varias hectáreas donde estaban asentadas 80 familias que las iban a desalojar”, afirmó. Como condición, los dueños del terreno habían pedido que también compraran la quinta que estaba frente al predio. Se iba a pagar el valor fiscal de esa casa. “Cuando fui a verla descubrí que ése era el lugar de jodas y de fiesta durante el menemismo –recordó–. Me pareció significativo darle un fin social a un emblema de la corrupción y ponerlo al servicio de la gente”, destacó.
La comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se reunirá mañana para avanzar en un proyecto del Poder Ejecutivo que propone declarar a la memoria histórica como derecho individual y colectivo, para facilitar el conocimiento de los hechos y consecuencias del terrorismo de Estado.
La comisión, que preside la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, citó a los diputados para mañana a las 13 para tratar esta iniciativa que se presentó a fines del 2010, y que ya fue analizada por los asesores de los legisladores que integran el cuerpo.
El debate de esta iniciativa -junto con otro proyecto que crea el Consejo Federal de Altas Autoridades de Derechos Humanos se enmarca en la política del gobierno nacional iniciada en 2003 de protección, promoción y fortalecimiento de los derechos humanos.
El proyecto del PEN propone reconocer "el derecho individual y colectivo de todas las personas a la titularidad y al ejercicio de le memoria histórica y la plena vigencia del derecho a la verdad" y que se proclame "el deber del Estado nacional, en todas sus jurisdicciones, de contribuir o preservar la memoria colectiva y de suministrar información que los órganos competentes soliciten.
Para ello, la iniciativa considera "imperativo impulsar acciones de recuperación de documentación y testimonios y de resguardo de la integridad de todo lo existente y lo que se halle en el futuro, como también declarar el reconocimiento histórico a todas aquellas personas que sufrieron persecución por razones de
índole ideológica, política, gremial o religiosa".
La otra iniciativa, que tiene previsto debatir la comisión en su reunión de mañana, impulsa la creación del Consejo Federal de Altas Autoridades en Derechos Humanos, cuyo objetivo será acordar políticas públicas en las distintas provincias, y cooperar con la Secretaría de Derechos Humanos en las denuncias de casos.
De acuerdo al proyecto, el organismo buscará propiciar la jerarquización de las áreas de derechos humanos y fomentar la creación de instituciones gubernamentales de derechos humanos, procurando que alcancen rango de Secretaría de Estado, en aquellas provincias donde no lo tengan aún.
Entre otras cuestiones, ese Consejo buscará articular la promoción y protección de los derechos humanos en cada provincia del país y en la ciudad de Buenos Aires "a fin de acordar políticas comunes y acciones conjuntas", en ese sentido. (Télam).-
Finalmente, el día tan esperado por Honduras y la comunidad internacional llegó ayer: el derrocado ex presidente Manuel Zelaya volvió a Honduras. Tras dieciséis meses de exilio forzado en República Dominicana, luego de ser derrocado por un golpe de Estado cívico-militar comandado por Roberto Micheletti, Zelaya arribó ayer al aeropuerto de la ciudad de Tegucigalpa, a las 14 horas locales. La llegada del mandatario destituido por el poder de facto fue recibida con gran furor por los miles de personas que se congregaron para celebrar lo que muchos leen como un gesto de compensación por parte del actual gobierno de Porfirio Lobo, tras un inverosímil golpe a la democracia en Latinoamérica, en una época en que esas prácticas se creían ya superadas. La destitución autoritaria de Zelaya hizo que Honduras fuera marginada de la Organización de Estados Americanos y le valió al gobierno inconstitucional de Micheletti el no reconocimiento de legalidad por parte de gran parte de la comunidad internacional.
Zelaya, de 58 años, llegó junto a su esposa y otros familiares cargando un gran capital político con el que pretende recuperar el poder, en un país pobre que se apresta a regresar a la OEA el próximo miércoles, paso clave para que pueda recibir nuevamente créditos y ayuda del exterior.
Decenas de miles de seguidores de toda Honduras se congregaron para darle la bienvenida en la plaza Isis Obed Murillo, cerca del aeropuerto de Toncontín, que lleva el nombre de un manifestante zelayista de 18 años muerto en ese lugar por las fuerzas de seguridad una semana después del golpe. El presidente de derecha Porfirio Lobo, con quien Zelaya firmó un acuerdo de reconciliación en Colombia el domingo pasado, lo recibió ayer en la Casa de Gobierno, junto al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y la canciller colombiana, María Angela Holguín.
“La gran mayoría del pueblo quiere un proceso pacífico (en Honduras), todos quieren hacer las cosas con tranquilidad”, declaró Insulza.
Colombia y Venezuela son garantes del acuerdo firmado por Lobo y Zelaya.
El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que aglutina a zelayistas, organizó una bienvenida popular para este liberal que dio un giro a la izquierda tras llegar al poder en 2006 y que fue derrocado en un golpe ejecutado por el Ejército con el aval del Congreso y de la Corte Suprema. Las autoridades no dieron estimaciones de asistencia al mitin de bienvenida. “Trataron de hundir su imagen, se ha demostrado que todo es falacia, que todo es mentira”, dijo sobre las acusaciones contra Zelaya su hija Hortensia, al bajar del avión.
“Mel” Zelaya regresó con planes de convertir al FNRP en un partido político para competir en las elecciones de 2013, pero su desafío inicial será mantener unidos a sus aliados, que van desde antiguos liberales a sindicalistas de izquierda. Si quiere ser candidato, Zelaya debe lograr una reforma constitucional, pues los ex presidentes no pueden postularse. El tema de la reforma fue incluido en el acuerdo firmado con Lobo, aunque no resultará fácil instrumentarlo, ya que es necesario convocar a un plebiscito, cuyo procedimiento es complejo.
En caso de fracasar la reforma, el FNRP pretende levantar como candidata presidencial a la esposa de Zelaya, Xiomara Castro, de 51 años. “Se ha ganado ese derecho en las calles desde el golpe”, dijo el subcoordinador del FNRP, Juan Barahona. Lobo gestionó su regreso, para lo cual convenció a la Justicia de que cerrara los juicios contra Zelaya, porque su retorno era esencial para que Honduras fuera readmitida en la OEA.
Durante su gobierno, Zelaya adoptó un discurso socialista y vinculó a Honduras al ALBA del presidente venezolano Hugo Chávez, lo que despertó los recelos de la clase dirigente y condujo a su caída. Zelaya fue derrocado el día en que haría una consulta nacional para avalar un referéndum dirigido a cambiar la Constitución. Sus enemigos dijeron que buscaba permitir la reelección y la consulta fue declarada inconstitucional por el Congreso y la Corte Suprema, que contaron con apoyo del Ejército para detenerlo y expulsarlo a Costa Rica. Hizo dos intentos fallidos de regresar a Honduras, hasta que volvió subrepticiamente y se refugió el 21 de septiembre de 2009 en la embajada brasileña. Allí permaneció hasta que se exilió el 27 de enero de 2010, día en que culminó su mandato constitucional y asumió Lobo. Zelaya descartó postularse a la primera magistratura, aunque insistió en que buscará la convocatoria a una Asamblea Constituyente, principal argumento del golpe de Estado que lo derrocó en 2009.
Las asimetrías y contradicciones caracterizan a todo proceso, por más homogéneo que parezca. Así se pudo comprobar el pasado aniversario de la revolución de mayo. Mientras los actos centrales de la avenida Gonzàlez Lelong tuvieron la opacidad propia de un escepticimo viceral que atraviesa las formalidades festivas, en la provincia del Chaco el entusiasmo y la emoción contagiaban hasta a los televidentes.
Dos caras de una misma moneda. Dos variantes de un mismo proyecto.
En Formosa, la convocatoria matinal reunió la formalidad de una inercia ceremonial centrada en un desfile acompasado por marchas militares, evocando una èpica ritual, de paradigmas pretéritos. El ausentismo como el olvido no fueron detalles, sino manifestaciones de un fenómeno social algo más profundo.
AUSENTES
Fueron convocados todos los alumnos de algunos colegios de los alrededores donde fuera montado el palco oficial. Estas instituciones, al pasar frente a las autoridades, parecían màs bien delegaciones escolares. Hasta se podría contabilizar una proporcionalidad de asistencia con las edades de los chicos, adolescentes y jòvenes. A menor edad mayor asistencia, y a mayor edad, màs acentuado el ausentismo. El nivel superior del sistema educativo, en este tipo de actos, no solo ni aparece, sino que ya ni se lo convoca. Sonaría algo extraño que por altoparlantes se anunciara el paso de las delegaciones de alumnos de Humanidades, o de la Faen, o de ciencias de la Salud, o de la facultad de Recursos Naturales, acompañadas por sus decanos y docentes. Lo cual, para el análisis del fenómeno no resulta un dato menor.
Alrededor del palco, en las veredas, se podía caminar sin problemas debido a la escasa concurrencia de público. No había puestos Nutrir con chocolatada caliente como en otros años. Ni desfilaron peñas, ni grupos nativistas, ni gauchos a caballo, ni entidades comunitarias ataviadas con lo mejor para lucir sus tradiciones y sus proyectos. Solo desfilaron los uniformados: delegaciones escolares, de seguridad y militares que en una hora reloj terminaron la evocación.
AUSENTE
Los partes de prensa oficial en las vísperas anunciaban la presencia del gobernador presidiendo el izamiento del pabellón nacional en el mástil municipal, pasando revista, autorizando el desfile y saludando a las delegaciones desde el palco central. En el día del acto, se cambió de planes. Presidió el vicegobernador, sin ningún tipo de explicación sobre este cambio producido sobre la marcha. Explicaciones que, en el supuesto caso que se hubieran dado en los actos centrales de Resistencia, si la presidenta o el gobernador no hubieran asistido, las deberían ofrecer a la ciudadanía. Es más, la ciudadanía se lo hubiera requerido. En Formosa el cambio se produjo no solo sin ninguna explicación, sino también sin ningún tipo de requerimiento ciudadano. Lo cual no deja de ser significativo y algo coherente con esta manera formal de evocar nuestros orígenes revolucionarios.
LAPSUS
Una muestra de esta formalidad ritual algo insípida y forzada para màs de uno, fue el olvido del himno nacional por parte de los locutores encargados de las glosas. Siempre hay lapsus, distracciones y errores en todo tipo de eventos, sin que por ello debamos rasgarnos las vestiduras, ni escandalizarnos. Pero llama poderosamente la atención que tal omisiòn se diera en este contexto. Es màs, una docente argumentaba que se habrá decidido hacerlo de esta manera, como queriendo justificar algo que a todas luces no estuvo programado como sucedió en realidad. No solo llamó la atención el olvido, sino que no hubo tampoco prensa alguna que señalara ese detalle, y hasta hubo docentes entusiasmados por esta muestra de celeridad ceremonial que se imprimía al acto.
ASESOR
No solo no asistió quien había anunciado su presencia. No solo no se avisaron las razones de su ausencia. Sino que en representación del titular del ejecutivo ausente, hizo uso de la palabra un funcionario sin responsabilidad directa en la gestión, un asesor, tradicionalmente ligado a la cartera educativa, con antecedentes no muy aceptados por la militancia durante la dictadura cívico militar en el interior provincial.
¿Cuál hubiera sido la reacción de la prensa y de las organizaciones políticas si en vez de los discursos de Cristina y de Coqui, hubieran hablado asesores de ambas gestiones? ¿Qué hubiera sucedido si esos asesores, además, no tuvieran un pasado político militante coherente durante la dictadura? El enunciado de esta suposición, nos objetiva un poco màs sobre la situación vivida en nuestra provincia.
Pero las asimetrías más notorias erupcionaron al finalizar del discurso, cuando comenzó a denostar a la oposición actual en vistas a la próxima contienda electoral. Enfatizando sobre las contradicciones locales, cuando la presidenta el día anterior, y en su propio discurso alusivo a la fecha, exaltó la gesta nacional y popular de haber recuperado la patria entre todos y para todos. Un análisis màs detallado de los contenidos de uno y otro discurso podrá ahondar màs en las profundas diferencias ideológicas que emergieron como síntomas de una sintonía formal, con pronunciadas disfonías internas.
Hablar de que “el hábito no hace al monje”, para señalar casi groseramente la contradicción entre la condición de religioso y la práctica política de un sacerdote convertido a candidato a gobernador por la oposiciòn, fue un eufemismo con escasa o nula sintonía con los mensajes presidenciales de reivindicación de la participación juvenil, del crecimiento comunitario y del protagonismo de las mayorías en la profundización del ideario revolucionario de mayo. La presidenta no hizo eje en las divisiones, sino la construcción del conjunto. Menos que menos hizo referencia a alguno de los candidatos presidenciables con los que deberá medirse en la próxima contienda electoral. Para dimensionar las diferencias de òpticas y de discursos es bueno imaginarse a la presidenta utilizando eufemismos que delaten directamente a quién están dirigidos, para denostarlos. Seguramente la sola utilización de esta metodología jerarquizaría a quien se lo critica , en desmedro de la investidura de quien pretende aprovechar la oportunidad de una fecha patria para hacer proselitismo.
PUEBLO
¿Dónde se volcó la gente el 25 de mayo en Formosa? A la plaza, por la tarde y la noche, con vendedores sin boletas, y recitales populares. Donde “desfilaban” peatones, para nada uniformados, guiados por redes de intercambio sin tributar el iva. Donde el escenario montado no cobijaba funcionarios que aplaudían, sino espectáculos para aplaudir . Donde no había discursos únicos, ni bendiciones ni maldiciones; donde todo el mundo hablaba con tranquilidad.
En Formosa, como dijo la presidenta, también tenemos patria. La cuestión es cómo y dónde.
Antes que en 6,7,8, Beatriz Sarlo había expuesto su impugnación al kirchnerismo en un libro. Con escaso sustento fáctico alaba al ex senador Duhalde, ignora el compromiso de Kirchner con los derechos humanos previo a su presidencia, minimiza el reto del poder agromediático, desconoce la cronología del conflicto con Clarín, atribuye a Kirchner la ley de comunicación audiovisual con menosprecio machista por CFK y subestima la calidad del debate que la precedió y la coalición que la sustenta.
Por Horacio Verbitsky
La visita de la ensayista Beatriz Sarlo al programa 6,7,8 tuvo una merecida repercusión. Introdujo en un medio tan ubicuo y paupérrimo como la televisión un debate político necesario, lo cual merece todo encomio, para la invitada y sus anfitriones. Si no pudieron profundizar los temas discutidos, fue antes por las limitaciones intrínsecas del medio que por deficiencias de ellos. Más propicio para ese fin son el papel y la letra impresa. Lo que sigue no es un comentario del último libro de Sarlo(1), que contiene opiniones sobre medios y estilos de comunicación, sino apenas una discusión de aquellos tramos en los que plantea algunas cuestiones políticas.
El campo del debate
Sarlo afirma que “el campo” no había sido enemigo de Kirchner “hasta la resolución 125” y después se convirtió en su “enemigo principal”, cuando en realidad sólo se trataba de una “mera disputa por la renta”. Agrega que “hasta el enfrentamiento con el Grupo Clarín, cuyo inicio coincide con el conflicto con el campo, el kirchnerismo no había agitado la necesidad de una nueva ley de medios audiovisuales. No era una cuestión de principios ni una cuestión programática. Iniciado el conflicto con Clarín se convirtió en ambas cosas”. También sostiene que desde que Kirchner favoreció al grupo con la extensión de licencias “no había sucedido otra cosa que el cambio de línea editorial del diario”, por lo cual la ley de medios de comunicación audiovisual habría constituido una mera venganza. De este modo, y sin más trámite, desdeña la magnitud y la gravedad del desafío que la oligarquía diversificada (según la definición de Eduardo Basualdo) planteó en la disputa por las retenciones que, tal como Sarlo sostiene, adquirió una dimensión simbólica. En ella se jugaba el destino de la democracia en la Argentina, agrego yo. Es imprescindible recordar que el Grupo Clarín no sólo es socio de La Nación y de las patronales rústicas en la megaferia Expoagro, en la que se cierran cada año negocios por 300 millones de dólares, sino que desde la Asociación Empresaria AEA conduce junto con la trasnacional italiana Techint a la fracción dominante del capitalismo en la Argentina, que dos de sus voceros, Hugo Biolcati y Mariano Grondona, vaticinaron entre chanzas que Cristina no terminaría su mandato y que, una vez fracasado ese intento, el CEO del Grupo, Héctor Magneto, reunió en su casa a los jefes de la oposición política para urgirlos a encontrar una combinación electoral que permitiera derrotar al gobierno. Sarlo realiza una crítica cultural a partir de afirmaciones e imágenes instaladas por ese mismo poder agromediático. La inteligencia de su especulación intelectual no puede suplir tamaña falla de origen en los cimientos de la obra, que pierde densidad al rebajar a la autora al nivel de sus interesadas fuentes.
Licencia para divagar
La prórroga por diez años de todas las licencias de radiodifusión, dispuesta en mayo de 2005 por el decreto 527, no fue un favor al Grupo Clarín (que acababa de renovar las suyas) sino a sus competidores de los canales de televisión 2 y 9, que las tenían a punto de vencer y para colmo estaban en convocatoria de acreedores. Esto era causal de extinción de las licencias, según el artículo 53, inciso c, de la ley de radiodifusión 22.285 vigente entonces. En tal caso, Clarín reinaría sin competencia, dado que el restante canal de aire, en manos de la española Telefonica, se abstenía de cualquier intervención política. El entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno, intercedió ante Telefonica para que condonara o refinanciara la deuda que Daniel Hadad contrajo al adquirir el canal 9, como informó este diario oficialista el 26 de diciembre de 2004. Cuando esas gestiones fracasaron, Kirchner acudió a la prórroga de las licencias. De ese modo revalorizó a los contrincantes del Grupo Clarín y los rescató de la quiebra. Es decir que ya en el segundo año de su presidencia, Kirchner estaba prevenido contra la enorme concentración de poder mediático en un solo grupo, que además procuraba expandirse al campo de las telecomunicaciones, para lo que solicitaba el apoyo oficial. Que no lo haya enfrentado entonces obedece a debilidad objetiva y subjetiva. “Hay cosas que no me animé a hacer, para no de-sestabilizar, para no profundizar, y que, gracias a Dios, Cristina las está haciendo”, dijo en enero del año pasado (“Hombre de la Plaza Rosada”, Página/12, 10 de enero de 2010). Una vez más, la cronología ayuda a comprender los procesos. En diciembre de 2007, tres días antes de su conclusión, el gobierno de Kirchner había autorizado la operación conjunta de Cablevisión y Multicanal, si se cumplían las condiciones de desmonopolización señaladas por el Tribunal de Defensa de la Competencia. El 4 de abril de 2008, a diez días del primer lockout agropecuario, la presidente recibió a los directivos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y el 16 de abril a los miembros de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, quienes le presentaron los “21 puntos por el Derecho a la Comunicación”en los que desde 2003 trabajaron 300 organizaciones sociales y cooperativas, sindicatos, universidades, organismos de derechos humanos, asociaciones de radiodifusores y radios comunitarias y le solicitaron que reformara la vetusta ley de Radiodifusión, sancionada por Videla en 1980 y empeorada por Menem diez años después.
Un año de debate
Transcurrió un año de debates, seminarios, foros, mesas redondas, en los barrios, los sindicatos, las universidades, Concejos Deliberantes y Legislaturas provinciales antes de que CFK presentara su primer anteproyecto, que recién se convirtió en proyecto de ley luego de otro semestre de apasionados foros regionales realizados en todo el país. También las dos cámaras del Congreso realizaron sendas rondas de consulta con las organizaciones de la Coalición y con aquellas que representaban a los intereses económicos en juego, incluyendo a las autoridades del Grupo Clarín, que se negaron a concurrir aduciendo que las decisiones ya estaban tomadas. No hay otra ley discutida con tan alto grado de participación en la historia argentina, y sólo el Código Civil del siglo XIX puede competir con ella en cuanto a anotaciones de legislación comparada. Con una desventaja: aquel Código fue obra de un solo hombre, Dalmacio Vélez Sarsfield, y se aprobó a libro cerrado en el Congreso. Podría decirse que Cristina se apropió de las propuestas para la democratización de las comunicaciones que elaboraron las organizaciones fundadoras de la Coalición y que tenían un antecedente fundamental en los proyectos del ex presidente Raúl Alfonsín, elaborados por el Consejo para la Consolidación de la Democracia pero nunca aplicados, como tantas otras buenas iniciativas de aquel malogrado gobierno. Más costaría fundamentar qué tiene de malo que un gobierno elegido por el voto popular adopte las reivindicaciones que provienen de los sectores más avanzados de su propia base electoral. Lo mismo hizo Cristina con la Asignación Universal por Hijo, que también surgió de fuerzas políticas y sociales ajenas a la propia y que durante años fue resistida por el gobierno. La laboriosa ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y su hermano presidente objetaban ese tipo de transferencia directa de ingresos, y en su lugar privilegiaban la reducción del desempleo, para que cada cual se ganara con mayor dignidad el sustento. Pero, igual que en otros campos, fue el éxito de esa política (con la creación de cinco millones de puestos de trabajo y la caida del desempleo a los niveles de hace un cuarto de siglo) el que puso en evidencia sus limitaciones y la necesidad de superarlas. Cristina pudo adoptar la AUH porque antes había recuperado el sistema previsional, convertido por Menem y Cavallo en un negocio financiero para los grandes bancos, que con ese dinero financiaban a altas tasas los déficit del Estado, consecuencia de esa misma privatización. Esta capacidad de reconocer los problemas y el desprejuicio para adoptar las soluciones ideadas por otros es una clave de la vitalidad del kirchnerismo, que no debería suscitar rechazo en quienes valoran el diálogo y los consensos.
Derechos y humanos
En un capítulo importante de su libro, Sarlo dice que Kirchner encontró en la reivindicación de los derechos humanos una fuente de legitimidad ya “que había llegado al gobierno cautivo de su propia debilidad”. Se trataría de una operación política, comenzada en su discurso inaugural cuando “recordó a los militantes asesinados” que en Santa Cruz nunca habían recibido “el menor homenaje de su parte”. Así habría puesto fin a “una amnesia política que había durado mucho tiempo”. Habría dramatizado de ese modo “una puesta en escena de una alianza entre las organizaciones de derechos humanos y el presidente”, con quienes Kirchner “se inventa una relación”. Sarlo dice que al pedir perdón en nombre del Estado Nacional el 24 de marzo de 2004 en la ESMA, “por la vergüenza de haber callado durante veinte años de democracia tantas atrocidades”, Kirchner dio “un paso principal en su propia invención política”. Con una entonación psicologista comenta: “Él, que no se había ocupado de los derechos humanos hasta llegar a la presidencia, transfería ese lapsus al Estado argentino y a otro presidente, Raúl Alfonsín, que había hecho su campaña electoral comprometiéndose a juzgar a los comandantes responsables de los crímenes de la dictadura”. Concluye que esa omisión le evitó “el incómodo recuerdo de que él mismo votó, en 1983, a un partido justicialista que consideraba legal la autoamnistía que se habían otorgado los militares”. El oficio de la crítica literaria, que Sarlo practica con general beneplácito, no soporta bien su traslado a la política, como bien saben quienes admiraron la obra de David Viñas, porque esta materia no se circunscribe a un texto fijo ofrecido a la interpretación del lector, según establecieron Hegel y Perón. Por el contrario, es tan huidiza que, con toda probabilidad, Sarlo no conocía al escribir su libro el discurso que Kirchner pronunció en el Ateneo Juan Domingo Perón, durante la campaña para elegir el candidato justicialista a la intendencia de Río Gallegos en 1983. Allí dijo que “la represión de la dictadura militar ha ensangrentado a todo el pueblo argentino” y que “siempre dijimos que Videla y Massera y Agosti, y todos los sinvergüenzas que vinieron después, iban a ser sentados en el banquillo de la justicia constitucional para que respondan ante tantos abusos y ante tantos crímenes cometidos contra este pueblo”. La observación de Sarlo sobre la posición del candidato justicialista a la presidencia en 1983, Italo Luder, es de estricta justicia, pero no puede reclamársele a Kirchner, quien recién en 1991, después de las amnistías de Alfonsín y los indultos de Menem, accedió a la gobernación de su provincia, una posición desde la que no es posible modificar asuntos que pertenecen a la escena nacional. El discurso completo pronunciado por el joven Kirchner a sus 33 años puede encontrarse en http://www.youtube.com/watch?v=siuGYpyG3A&feature=youtu.be. Hay un bonus track: la presentación del orador por la también jovencísima Cristina Fernández, que está despertando pasiones retrospectivas en la web.
Floja de papeles
“A diferencia de los radicales”, dice también Sarlo, “los peronistas ‘se meten’ con los medios, los favorecen, los acosan o los cortejan, fundan medios y los financian”. Es una afirmación incomprensible en alguien que haya vivido en la Argentina durante las presidencias de Arturo Frondizi y Raúl Alfonsín. Lo que les faltó no fue desprejuicio, sino eco popular. La principal diferencia entre El Nacional y Tiempo Argentino, entre los “Bueyes perdidos” de Mario Monteverde y 6,7,8, está en la eficacia, y ésta no depende sólo de las calidades personales o profesionales de sus responsables, sino de la índole de los respectivos gobiernos que defendieron.
Equivocaciones menores de Sarlo confirman la impresión de una exégesis teórica presuntuosa, edificada sobre una base fáctica que conoce mal. Por ejemplo, al referirse a las elecciones de 2005, en las que Kirchner decidió confrontar con quien lo había impulsado al gobierno, dice que “en la madrugada de la victoria, entre gallos y medianoche, abandonaron a Duhalde y se hicieron kirchneristas los fieles Díaz Bancalari y Pampuro, nombres importantes del derrotado peronismo bonaerense”. Es cierto que Díaz Bancalari era el compañero de fórmula de Hilda González en el Partido Justicialista, pero Pampuro fue quien lo venció, como segundo de la boleta que encabezaba Cristina Fernández. Sorprenden también las alabanzas al ex senador Eduardo Duhalde, quien durante unos meses de 2002 y 2003 ocupó en forma interina la presidencia. Dice que “practicó la moderación hasta que la policía, en un episodio oscuro, asesinó a los militantes Kosteki y Santillán”. Sólo las distintas acepciones del adjetivo impiden calificarlo de escandaloso: el gobierno de Duhalde preparó en forma cuidadosa esa emboscada, con el propósito de dar un escarmiento a las fuerzas sociales movilizadas en aquellos días, con informes falsos y tremendistas elaborados desde la SIDE por su ministro Carlos Soria y presentados a la Justicia por su ministro Jorge Vanossi. Antes, había presionado a la Justicia federal para que encarcelara a Cavallo y a varios banqueros, ofreciéndolos a la vindicta pública. Según Sarlo, el moderado Duhalde trabajó “en la reparación de un país en ruinas, donde la palabra incendio no era una hipérbole sino una imagen descriptiva bastante realista”. Ni una línea en las 235 páginas del libro menciona la brutal transferencia de ingresos, de los sectores subordinados a las mayores empresas, provocada por la mayor devaluación del tipo de cambio real de la historia y por la pesificación asimétrica dispuesta en aquel nefasto gobierno, sin el cual la devastación de la década anterior no hubiera terminado de ejecutarse. Sin duda, se trata de un libro audaz, escrito con más pasión que cálculo.
(1). Beatriz Sarlo, Kirchner 2003-2010. La audacia y el cálculo, Sudamericana, 2011.
Fueron cientos las mujeres que salieron a dar batalla para defender los derechos de sus esposos, hijos, hermanos y los propios. Susy Carranza, quien entonces era activista del Sindicato del Vidrio, después de enterarse que los militares habían asesinado a un compañero, salió junto a sus compañeras de la fábrica para tirarles bolitas a los caballos de la policía.
La historia política argentina esta repleta de hechos que marcan puntos de inflexión y el Cordobazo es uno de ellos. Fue un momento bisagra de nuestra historia reciente. Por primera vez estudiantes universitarios y obreros confluían en la lucha contra la dictadura.
El clima de época parecía predisponer a la batalla. Sucesos como el asesinato del Che Guevara en 1967 en Bolivia, la huelga general y las movilizaciones del Mayo Francés, la masacre de Tlatelolco en 1968 y la instauración en 1966 del gobierno militar-clerical autonominado “Revolución Argentina”, no se presentaban para la sociedad en general como productos de la mera casualidad.
Los hechos se iban sucediendo y la tensión social iba en aumento. La política económica implementada por el gobierno de Onganía apuntaba a la apertura de los mercados internos en favor de los monopolios internacionales.
Los derechos obtenidos recientemente por la clase trabajadora poco a poco iban siendo cercenados. En el transcurso de los primeros años de la gestión del mencionado régimen fue desactivada la Comisión del Salario mínimo, vital y móvil, también fueron congelados los aumentos en las remuneraciones. Se incrementó la edad para jubilarse. Dichas acciones no eran inocentes. Las medidas tomadas iban dirigidas en detrimento de la calidad de vida trabajador y su familia. El modelo social argentino entonces estaba siendo atacado y el riesgo era palpable.
Numerosos fueron los factores que aportaron a la acumulación de tensión. No sólo fue la ley que se sancionó para poder ejercer la represión automática en caso de huelgas o conflictos sindicales. Sumado a ello les fueron suspendidas las personerías gremiales a un gran número de sindicatos. Y la entonces Dirección de Investigación de Políticas Antidemocráticas persiguió y encarceló a los militantes políticos y sindicales considerados sospechosos. Disolvieron los partidos políticos e intervinieron las universidades, ya que según la propaganda oficial, funcionaban como “centros de subversión y comunismo”.
El escenario estaba montado. La olla a presión terminó por explotar en la provincia de Córdoba, en lo que acabó siendo la rebelión de mayo de 69`. La revuelta produjo una suerte de efecto dominó. Las manifestaciones contra el gobierno militar se replicaron en distintas ciudades del país. La lucha no contaba, en
una de sus filas, con soldados entrenados para la batalla. Las barricadas las conformaban estudiantes y obreros.
Es atinado y pertinente aclarar que dentro de esa masa obrera y estudiantil no sólo se encontraban hombres. Fueron cientos las mujeres que salieron a dar batalla para defender los derechos de sus esposos, hijos, hermanos y los propios.
Una militante de la Juventud Peronista, recuerda que el mediodía del 29 de mayo “los vecinos en las terrazas tiraban de todo a la policía, sillas, macetas. El centro estaba en llamas, la policía había perdido el control. Marta Aguirre, cuenta que caminó las calles del centro cordobés “para ver los movimientos de la policía y tratar de especular dónde se podían reagrupar los compañeros”.
Cuantiosas mujeres salieron a las calles. Susy Carranza, quien entonces era activista del Sindicato del Vidrio, después de enterarse que los militares habían asesinado a un compañero, salió junto a sus compañeras de la fábrica para tirarles bolitas a los caballos de la policía.
Muchas de esas mujeres heroicas que fueron protagonistas de la batalla, además de ser esposas, madres y abuelas, hoy continúan con su militancia y comparten sus historias en el libro Mujeres desde el Cordobazo hasta nuestros días.
No se trata de feminismos, sólo se pretende una justicia de género. Que la memoria histórica recuerde que está compuesta también de mujeres valientes y comprometidas con la lucha para las reivindicaciones sociales. (Télam)
El diputado nacional del Frente para la Victoria (FpV), Edgardo Depetri, aseguró que "la oposición, como dice el tango, está desorientada y no sabe qué trole hay que tomar para seguir”, y señaló que tanto Elisa Carrió como Graciela Ocaña "lo que tienen en común es que ambas parecen haber perdido el juicio".
El legislador kirchnerista apuntó hacia Ocaña, flamante socia política de Francisco de Narváez, y la líder de la Coalición Cívica, de quienes dijo que "las mejores proyecciones les dan apenas el 2 por ciento de intención de voto", señaló Depetri en un comunicado de prensa.
En ese sentido, Depreti subrayó que “en diciembre no se aproxima una catástrofe para los argentinos como vaticina Carrió, sino el derrumbe de su legitimidad en la sociedad", y aseguró que la dirigente opositora "hartó a los argentinos con sus falsas predicciones y sus delirios místicos".
"Carrió no duda en inventar, falsear información, tergiversar o mentir para buscar titulares o espacios televisivos en multimedios como Clarín”, destacó Depetri.
Con respecto a Ocaña, el legislador catalogó como "patética su actitud", rememorando que "llegó a la política de la mano del Frente Grande, luego pasó al Frepaso y fue parte del gobierno de la Alianza; después de la mano de Alberto Fernández llegó al kirchnerismo, volvió con Carrió y se especuló con que sería candidata en la Ciudad junto a Adrián Pérez".
El legislador siguió repasando el derrotero político de la ex ministra de Salud, quien "quiso ser candidata de Pino Solanas, luego se mostró junto a Ricardo Alfonsín y en el Congreso de la CTA, con (Víctor) De Gennaro y Pablo Micceli, para ahora terminar aliada con De Narváez, que recicla a lo peor del pasado en un
rejunte de duhaldistas y menemistas”.
En ese marco, Depetri concluyó que “en definitiva la oposición, como dice el tango, está desorientada y no sabe que trole hay que tomar para seguir”.(Télam).-
“Hijita mía, Estrellita, perdón por todo lo que está pasando. Te prometo que nunca más va a pasar. Cuando yo salga de acá, vamos a estar juntas para siempre y nunca más vas a tener que pasar por esto. Vos sabés que yo te amo y tu papá también. Cuando esté con ustedes no vamos a sufrir más. En dos o tres meses vuelvo para que me visites. No estés triste. Portate bien, hacele caso a la abuela y hacé las cosas de la escuela.”
Estrella llegó tarde a la escuela hoy. Nunca la vimos tan contenta. “Fui a ver a mi mamá”, cuenta, emocionada. Y nos muestra la carta que su mamá, Susana, le escribió. Susana está cumpliendo una sentencia de cinco años de prisión por tráfico de drogas en una cárcel ubicada a una hora y media de donde ahora vive Estrella con su abuela. Su padre y su abuelo también están presos por tráfico. “Le llevé azúcar, cigarrillos, yerba y milanesas. Mi abuela me llevó a verla”, nos cuenta Estrella. Susana fue trasladada a una cárcel cercana para que su familia (su madre y sus cuatro hijos) puedan visitarla durante cinco días. Han pasado tres años desde que Estrella la vio por última vez. “Ella está bien –nos cuenta–. Ella dice que está bien y yo veo que está más gorda.” Mientras cuenta esto, ella acaricia y nos muestra su nuevo anillo y su nueva pulsera: “Mi mamá los hizo para mí. Los hizo en la cárcel y hoy me los regaló”. También recibió un collar con una medalla que dice “Susana” en un lado y “Te amo” en el otro.
Uno de nosotros conoció a Susana antes de que fuera arrestada. Solía vivir en una casa muy precaria de chapa y piso de tierra. Cuando Susana tuvo a su hija menor por cesárea, en la escuela local organizaron una colecta para ayudarla y también asistieron para que obtuviera un subsidio para su familia. Su casa no tenía una cocina y ella no podía ni siquiera calentar la leche para sus hijos. Dada su extrema pobreza, es difícil imaginar que era algo más que una pequeña y recién iniciada transa.
Estrella llega tarde todos los días de la semana. Es entendible, su tiempo con su madre es mucho más importante que la escuela. “Hoy le llevé fiambre y cigarrillos... Comimos sanguchitos juntas, sentadas en unas mesitas que ellas tienen en la cárcel. Me hicieron sacar mi anillo, mi pulsera y mi collar para entrar. Hay unas policías que nos revisan todo. Me hicieron sacar la ropa.” Estrella nos cuenta que su hermano no quiso ir a la cárcel con ella hoy; él ha estado llorando todo el día: “El quiere mucho a mi mamá; no quiere que se la lleven lejos”.
Estrella no es un caso aislado. Una tercera parte de los alumnos de las escuelas primarias del primer cordón del conurbano bonaerense, en donde realizamos nuestra investigación, tiene a algún familiar cercano en la cárcel.
Según datos proporcionados por el CELS, en Buenos Aires, la tasa de encarcelamiento creció de 71 por cada 100 mil habitantes en 1990 a 198 cada 100 mil en el 2010. Casi el 70 por ciento de las treinta mil personas que sufren las infrahumanas condiciones que dominan las cárceles bonaerenses no tiene sentencia judicial; 30 por ciento de ellos serán declarados inocentes cuando sus casos concluyan, de acuerdo con los datos del propio Gobierno. Este crecimiento fenomenal guarda poca relación con el crecimiento demográfico y/o con la intensificación del crimen –entre 1990 y el 2007, las tasas de crimen subieron 64 por ciento, mientras que las de encarcelamiento se incrementaron en un 200 por ciento (1994-2009)–. El 78 por ciento de la población carcelaria en la provincia de Buenos Aires tiene entre 18 y 44 años (96 por ciento son hombres) y provienen de los sectores más desposeídos: el 7 por ciento nunca asistió a una institución educativa, el 23 no terminó la escuela primaria el 53 sólo terminó la escuela primaria, y el 13 dejó la secundaría. En el momento de su arresto, más de la mitad no tenía empleo.
Estas cifras poco nos dicen sobre algo a lo que apunta la historia de Estrella: los efectos concretos de la creciente prisionización o, más específicamente, las formas en que la cárcel socializa no sólo a quienes están allí alojados sino a sus familiares, parejas, hijos e hijas. Poco sabemos sobre las modalidades en que el sistema penitenciario, hoy una presencia constante en los barrios de relegación que se han multiplicado en la provincia en las últimas dos décadas, afecta la vida cotidiana de los pobres. El 85 por ciento de las mujeres encarceladas en el ámbito federal tienen hijos (tres, en promedio, de acuerdo con un reciente estudio del CELS). Con sus padres y/o madres tras las rejas, miles de niñas y niños de los sectores más desposeídos de la sociedad argentina son forzados a asumir roles adultos (alimentar a sus padres, contener afectivamente a hermanos menores, etc.) cuando apenas asoman a la adolescencia. Las discusiones públicas sobre “seguridad” y encarcelamiento, y más concretamente sobre el diseño de políticas de “inclusión social”, no deberían pasar por alto a esta población que por estar creciendo a la sombra de la prisión ha sido invisibilizada en la agenda política.
* Profesor de sociología en la Universidad de Austin, Texas.
** Maestra en dos escuelas primarias del Gran Buenos Aires.
La Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Córdoba, conmemoró hoy con un acto el 42 aniversario del "Cordobazo", en el que llamó a "profundizar el modelo nacional" que encabeza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El secretario adjunto de la CGT local, José Pihen, encabezó el acto que tuvo lugar frente al histórico edificio de la central sindical, actualmente "Casa de la Memoria del Movimiento Obrero", debido a que su titular, el mecánico Omar Dragún, se encuentra fuera de la provincia.
Al hacer uso de la palabra, Pihen sostuvo que "ninguno de nosotros (los dirigentes sindicales), pretende igualarse a los grandes hombres que hicieron el Cordobazo, pero somos capaces de saber entender cuál es el legado que nos dejaron de justicia social".
"Venimos a decir claramente, en nombre de la inmensa mayoría de los gremios, que la coyuntura de hoy, en las cirscunstancias de hoy, tiene una característica clave a la que no le vamos a escapar en estos momentos: nosotros reclamamos la profundizacion del modelo nacional”, que encabeza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
"Estamos comprometidos -añadió el titular del Sindicato de Empleados Públicos (SEP)- para que rija plenamente, lo más plenamente posible y lo más rápidamente posible, este ideal de justicia social que levantaron los hombres del Cordobazo y que nosotros, humildemente y desde cada uno de nuestros gremios,
decidimos llevar adelante con compromiso".
Al acto asistieron familiares del dirigente sindical Elpidio Torres, uno de los que formó parte de la central obrera que el 29 de mayo de 1969 formó parte del Cordobazo, junto al lucifuercista Agustín Tosco y al entonces titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Atilio López, a los que también se les rindió
homenaje.
Otro destacado participante en la gesta de aquella insurgencia contra la dictadura del general Juan Carlos Onganía fue el abogado laboralista Lucio Garzón Maceda, quien fue invitado por Pihen a subir al escenario para que la multitud que asistió al acto le rindiera homenaje.
Por su parte, en diálogo con Télam, la secretaria de Derechos Humanos de la CGT regional Córdoba y diputada nacional por el Frente para la Victoria (FPV), Cármen Nebreda, señaló que el Cordobazo fue un "hito fundamental para el movimiento obrero, no solo cordobés, sino argentino, porque los trabajadores en plena dictadura se expresaban por la democracia, los derechos y la libertad de todos los argentinos".
Más adelante señaló que "hoy estamos en una etapa absolutamente diferente y absolutamente positiva para los trabajadores" a partir de las políticas llevadas adelante por el Gobierno Nacional, y consideró que "aún tenemos cosas que recuperar".
Por su parte, Garzón Maceda, visiblemente emocionado, dijo a Télam, en relación a la conmemoración de un nuevo aniversario del Córdobazo, que de los recuerdos "hay que sacar conclusiones presentes y elegir lo mejor que dió el mayo del 69, que es que la clase trabajadora se colocó al frente de la sociedad en la lucha
contra la dictadura".
El cordobazo fue la mayor insurrección urbana generada por una acumulación de medidas impopulares adoptadas por el gobierno del golpista general Juan Carlos Onganía e instrumentadas en esta provincia por el delegado federal Carlos Caballero que, en lo económico, político y social, recaía sobre los sectores más
desprotegidos de la población.
Tras usurpar el poder -el 28 de junio de 1966- y con el aval de las clases sociales dominantes y el sindicalismo burocrático y colaboracionista, el dictador impulsó un plan económico ventajoso para los monopolios, las multinacionales y la oligarquía terrateniente, generando la reacción del movimiento obrero, de
agrupaciones estudiantiles, partidos políticos y de la población en general.
El clima de efervescencia provocado por estas medidas provocó el levantamiento de la clase trabajadora y los sectores populares que, en repudio al régimen, adoptaron huelgas y multitudinarias asambleas en todas las plantas fabriles que, finalmente, derivaron en la convocatoria a un "paro activo" para el 29 de mayo.
La masiva movilización popular derivó en violentas escaramuzas que luego se transformaron en sangrientos
enfrentamientos con la policía cuando se conoció la muerte del mecánico Máximo Mena, ocurrido a pocas cuadras del centro de la ciudad, registrándose la quema y saqueo de negocios y dependencias oficiales, junto con el bloque de todos los accesos al microcentro, al tiempo que las fuerzas policiales optaban por retirarse.
La violenta insurrección, que fue liderada por el secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza, Agustín Tosco, junto con un combativo grupo de dirigentes gremiales, fue sofocada 48 horas después por la violenta represión de las tropas del ejército que, apoyada con tanques y fuerte armamento, envió hacia Córdoba el dictador Onganía. (Télam).-
Las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora expresaron hoy su “absoluto repudio” a las expresiones del ex presidente Eduardo Duhalde, quién afirmó que “ahora es fácil” militar en Derechos Humanos, y al mismo tiempo dijo sentirse cerca de esa entidad, que lideran Taty Almeida y Nora Cortiñas.
“Duhalde no tiene autoridad alguna en el campo de los Derechos Humanos. Se trata de un reivindicador y propiciador público de la impunidad de la dictadura cívico militar que ejecutó el terrorismo de Estado en nuestro país y cuyos delitos contra la Humanidad están siendo juzgados, en la actualidad, por la justicia
Argentina”, afirmó las entidad en un comunicado.
No es la primera vez que Duhalde realiza este tipo de declaraciones: durante el acto de lanzamiento del partido Unión Popular, realizado el pasado 6 de mayo en el Luna Park de Buenos Aires, el ex presidente había cuestionado a la referente de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y había
subrayado su afinidad con la Línea Fundadora.
“(Duhalde) Carece de todo valor moral y ético para formular cualquier tipo de opiniones que, de hecho, resultan perversas”, concluye el comunicado de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. (Télam)
El vocal decano de la Suprema Corte de Tucumán, René Mario Goane, no sólo mostró ser misógino y discriminador hacia las mujeres, al adjudicar la baja productividad de los juzgados a la creciente incorporación femenina al Poder Judicial. Además, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dictaminó que está “inhabilitado éticamente” para desempeñarse en el alto tribunal “por su acreditada participación en organismos de poder” en esa provincia durante la última dictadura militar mientras se llevaba adelante la represión ilegal. El cargo que mayor sospecha genera es el de titular del Registro Civil, donde fue designado por el entonces mandamás provincial, el ex represor Antonio Domingo Bussi, en abril de 1976. “Era un funcionario de nivel comprometido con el espíritu de la dictadura y estuvo al frente del Registro Civil en un momento en que se producían apropiaciones de niños y desapariciones de personas”, señaló a Página/12 el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Hipólito Alén. De acuerdo con documentación de los archivos de la Secretaría, durante el lapso en que Goane se desempeñó en ese cargo “fueron víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias 126 personas”. Posteriormente fue nombrado fiscal de Estado y ministro de la Corte tucumana, cargo que ocupó hasta el 31 de diciembre de 1983, cuando fue cesanteado por el flamante gobierno democrático. Volvió a ser nombrado en el alto tribunal en 1991.
Ayer, además de recordar el pasado oscuro de Goane, la Secretaría de Derechos Humanos manifestó su “más enérgico repudio” a las declaraciones efectuadas por el juez en relación con el desempeño de las mujeres en los juzgados. Los dichos de Goane despertaron fuertes críticas de diversos ámbitos y una denuncia ante el Inadi (ver aparte).
Esa secretaría investigó el desempeño de Goane durante la última dictadura militar tres años atrás, a pedido del gobierno tucumano, explicó Alén. Puntualmente la solicitud la hizo en ese momento la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, con vistas a un pedido de juicio político. El ex legislador provincial del partido Pueblo Unido, Gumersindo Parajón, llegó a presentar una solicitud en la Legislatura tucumana para que Goane fuera investigado por su participación en el gobierno de facto, pero el trámite no prosperó. En la Legislatura el oficialismo que responde al gobernador José Alperovich tiene amplia mayoría.
Tras reconstruir su carrera y sus antecedentes en aquellos años de plomo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación emitió un dictamen en 2008 –al que tuvo acceso este diario– donde concluyó que Goane está “inhabilitado éticamente para el desempeño del cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán, más allá de que le sea o no probada judicialmente la comisión de desapariciones, homicidios u otros crímenes de lesa humanidad”, por “su acreditada participación en organismos de poder y el ejercicio de cargos de responsabilidad en los poderes del Estado tucumano que la dictadura usurpara, en relación con la estructura implementada en el ejercicio de la represión ilegal durante el período del terrorismo de Estado”.
De acuerdo con el dictamen oficial, Goane tuvo cargos públicos también durante los gobiernos militares de Juan Carlos Onganía, Roberto Marcelo Levingston y Alejandro Agustín Lanusse. Entre los años 1968 y 1973 se desempeñó como funcionario de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
Tras el golpe del ’76, Bussi lo designó como director del Registro Civil, cargo que ocupó hasta el 27 de julio de ese año. Un día después, el 28 de julio, pasó a trabajar como titular del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán, donde permaneció hasta el 13 de marzo de 1978, y al día siguiente fue nombrado presidente de la Caja Popular de Ahorro, organismo en el que se mantuvo hasta el 3 de abril de 1981. Desde esa fecha y hasta el 24 de marzo de 1982 fue designado fiscal de Estado de la provincia. El 24 de marzo de 1982, el interventor, ex general Antonio Merlo, lo designó vocal de la Corte, cargo que ocupó hasta el 31 de diciembre de 1983, cuando fue cesanteado. Luego volvería a ser nombrado en el alto tribunal en 1991.
Actualmente, además de vocal decano, es el encargado del Cuerpo de Auditores y del Centro de capacitación de la Suprema Corte.
El dictamen oficial señala que, por su trayectoria, Goane “comulgaba con los principios de un régimen nefasto que no vaciló en arrasar las instituciones de la República y en someter a las más perversas violaciones a la dignidad humana a los habitantes del país y Tucumán fue, vale la pena resaltarlo, una de las provincias más castigadas por el terrorismo de Estado”.
“El caso de René Mario Goane permite estimar que, por formar parte de una estructura organizada desde la cual se efectivizó el plan sistemático de violaciones masivas a los derechos humanos, cuyo resultado fue un sinnúmero de desapariciones forzadas, homicidios y otros múltiples crímenes, lo sindica como parte de una organización de las instituciones que se dedicó a la comisión de ilícitos”, dice el dictamen de la Secretaría. Y continúa: “En la particular estructura jerárquica dispuesta por las Fuerzas Armadas en la llamada ‘Lucha Antisubversiva’ son imputables como autores inmediatos los que hayan cometido los hechos por ‘propia mano’ y como autores mediatos las autoridades de las reparticiones que se encontraban bajo control operacional de las Fuerzas Armadas. Todos estos estamentos formaban parte del mismo aparato de poder para el que Goane cumplió funciones; y si bien las mismas –al menos con los datos de los que se dispone– no lo involucraban personalmente en los crímenes cometidos por la dictadura en Tucumán, al menos debieron darle el conocimiento acabado de lo que sucedía”.
Para la Secretaría de Derechos Humanos, por los cargos que desempeñó, Goane “debió conocer, al menos ‘prima facie’, el despliegue criminal del aparato al que pertenecía, y cómo a través de los hilos conductores descendían sin interferencias las órdenes ilegales”.
Tras repudiar las declaraciones periodísticas efectuadas por el vocal decano de la Corte provincial, en relación con el desempeño de las mujeres en los juzgados, la Secretaría señaló que “son contrarias a la Constitución nacional y los tratados de Derechos Humanos de los que la República Argentina es signataria, como la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”. También advirtió que sus dichos “incurren en violencia simbólica e institucional, tipificadas con claridad en la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”. El comunicado de prensa de la dependencia lleva las firmas del secretario Eduardo Luis Duhalde, la subsecretaria de Promoción, María Cristina Perceval, y el subsecretario Alén. Además, la Secretaría consideró “inadmisibles” sus manifestaciones que, al mismo tiempo, “contradicen la doctrina que anima y orienta las decisiones de plena vigencia y garantía de los Derechos Humanos dictadas por la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Ese hombre, o mujer, está embarazado de mucha gente. La gente se le sale por los poros. Así lo muestran, en figuras de barro, los indios de Nuevo México: el narrador, el que cuenta la memoria colectiva, está todo brotado de personitas. Eduardo Galeano. El Libro de los Abrazos.
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