18/02/2012
El ex general condenado por delitos de lesa humanidad en tribunales insospechados de parcialidad, tuvo afirmaciones apocalípticas: “Hoy la República está desaparecida, no tiene Justicia porque la que tiene es un esqueleto sin relleno jurídico; el mismo parlamento no tiene contenidos, está compuesto por ganapanes que temen que les vayan a quitar el puesto y se venden al mejor postor. No hay nadie en la escena política con lucidez capaz de hacerles frente. El país tampoco tiene empresarios porque están vendidos al poder. Hoy las instituciones están muertas, paralizadas, mucho peor que en la época de María Estela Martínez de Perón. Lo que me permite decir que no tenemos República porque no tenemos a las grandes instituciones del Estado funcionando. La Justicia, el Congreso y las demás instituciones, por no hablar de otros aspectos, no existen…”
Que el principal responsable de la mayor crisis institucional del país formule este tipo de declaraciones después de casi 30 años de vida democrática ininterrumpida, de un crecimiento económico a tasas chinas en plena crisis internacional, logradas por no cumplir con las recetas heredadas del Proceso de Reorganización Nacional; de una producción cultural y científica sin precedentes, no es sorprendente, sino más bien la confirmación de su condena social, política y jurídica. Quizás se le pueda aplicar el principio jurídico de “a confesión de parte, relevo de prueba”. Porque una apología semejante de un gobierno de facto responsable del quiebre de la industria nacional, la asfixia de las economías regionales, la anulación de las instituciones republicanas, y la progresiva perdida del poder adquisitivo de los trabajadores, además de los crímenes de lesa humanidad que hoy se conocen, es motivo suficiente como para probar que la sentencia judicial que pesa sobre su cabeza, le corresponde. Sin lugar a dudas. El responsable de un proceso que llevó al exilio a la Negra Sosa junto otros artistas, que instauró una lista de libros, canciones y películas prohibidas, que capituló militarmente en Malvinas… ¿qué otra cosa puede decir sobre un gobierno democrático ponderado por la mayoría de los argentinos, por la comunidad latinoamericana y respetado en el contexto internacional? ¿y què otra sentencia le puede corresponder?.
En Formosa, ese tipo de excepcionalidades en estrados extraprovinciales, son los juri nuestros de cada día. Donde un prófugo sigue cobrando sueldo del estado, un condenado sigue cenando con su familia en lujosos restaurantes del la city porteña, donde todos los procesados por delitos de lesa humanidad siguen en libertad; donde los fiscales auto inhibidos y recusados son designados a dedo, y cuando concursan no llegan siquiera al porcentaje mínimo.
La lista de excentricidades jurídicas formoseñas puede hacer llegar a la histeria al más calmo de los juristas. ¿Dónde se ha visto que un fiscal no pida el procesamiento y detención del autor de un cambio de identidad de una criatura, cuyo autor reconociera su firma como testigo en el acta de nacimiento apócrifa? ¿Dónde sino en Formosa?. Sucedió cuando el ex general Pedrazzini reconociera ante el TOF la legitimidad del acta de nacimiento apócrifa de un chico nacido en Buenos Aires y adoptado en Formosa por la familia de un camarada. Solo se investigó si su adn coincidía con muestras del banco genético oficial. Pero el hecho de la apropiación, provenga la criatura de donde provenga, parecería que no constituye delito para nuestro ministerio pùblico. Por lo visto solo sería punible si se comprobase que fuera hijo de un desaparecido. Interpretación que coloca a la justicia formoseña a la “altura” de los jueces que intervienen en el caso de los hijos de Noble.
¿Dónde un ex subjefe de policía de la democracia acusado por su participación en centros clandestinos de detención, siga en libertad cuando un ex conscripto, hace poco tiempo atrás confirma la participación de este oficial de la policía provincial en el “chupadero” del RIM 29, que habría falsificado la firma del soldado Genes en una declaración preparada para justificar su detención y disimular su “suicidio” en cautiverio?
En Formosa
¿Dónde un ex gobernador condenado judicialmente por secuestros, torturas y desapariciones tiene la misma jerarquía que otro mandatario, en la galería de gobernadores ubicada en la misma entrada de la casa de gobierno?
En Formosa
¿Dónde no se aplican las directivas emanadas de la ley del Congreso Nacional que considera espacios de la memoria a los centros clandestinos de detención?
En Formosa.
¿Dónde el estado democrático no se constituye como querellante en las causas por delitos de lesa humanidad, y en cambio si haya propiciado cauciones institucionales para garantizar la libertad de los genocidas?
En Formosa.
¿Dónde siguen en vigencia normativas dictadas durante la dictadura tales como la orden de quemar toda documentación oficial que supere los 10 años, pensada para anestesiar la historia, y continuar con la amnesia colectiva decretada por los militares?
En Formosa.
¿Dónde las autoridades se niegan a dar curso a un pedido de la comunidad educativa de una escuela secundaria de llamarse “Memoria, Verdad y Justicia” por su proximidad a un centro clandestino de detención perteneciente a la policía provincial donde fueron torturados y desaparecidos muchos militantes populares formoseños?
En Formosa.
Por lo visto, no es casual que Videla siga concitando interés en determinada audiencia, y pueda ser noticia de tapa en publicaciones internacionales y nacionales, de donde abrevan muchos dirigentes y funcionarios provinciales.
La justicia formoseña demuestra que el legado procesista, a pesar de determinadas apariencias, aún sigue vigente, y se está notando cada vez más en quienes aún añoran la justicia de Videla.
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La construcción de los principios de Memoria, Verdad y Justicia en Formosa, y la mala palabra.
La justicia de Videla
Por Juan Eduardo Lenscak
Por Juan Eduardo Lenscak
Si hay algo de bueno en democracia, es
precisamente la libertad de expresión, donde se pueda contar con la versión
directa de cada uno de los protagonistas, y de todos los posicionamientos
políticos ideológicos que se sostengan. Como en este caso, el reportaje a Jorge
Rafael Videla, publicado por Ricardo Angoso, en Cambio 16 titulado con una
frase del propio dictador: "En Argentina no hay justicia, sino venganza,
que es otra cosa bien distinta". Título que sintetiza el pensamiento de
algunos argentinos procesistas y de la tendencia ideológica del poder
instaurado actualmente en España, donde circula más masivamente dicha revista.
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| Videla en Formosa |
El ex general condenado por delitos de lesa humanidad en tribunales insospechados de parcialidad, tuvo afirmaciones apocalípticas: “Hoy la República está desaparecida, no tiene Justicia porque la que tiene es un esqueleto sin relleno jurídico; el mismo parlamento no tiene contenidos, está compuesto por ganapanes que temen que les vayan a quitar el puesto y se venden al mejor postor. No hay nadie en la escena política con lucidez capaz de hacerles frente. El país tampoco tiene empresarios porque están vendidos al poder. Hoy las instituciones están muertas, paralizadas, mucho peor que en la época de María Estela Martínez de Perón. Lo que me permite decir que no tenemos República porque no tenemos a las grandes instituciones del Estado funcionando. La Justicia, el Congreso y las demás instituciones, por no hablar de otros aspectos, no existen…”
Que el principal responsable de la mayor crisis institucional del país formule este tipo de declaraciones después de casi 30 años de vida democrática ininterrumpida, de un crecimiento económico a tasas chinas en plena crisis internacional, logradas por no cumplir con las recetas heredadas del Proceso de Reorganización Nacional; de una producción cultural y científica sin precedentes, no es sorprendente, sino más bien la confirmación de su condena social, política y jurídica. Quizás se le pueda aplicar el principio jurídico de “a confesión de parte, relevo de prueba”. Porque una apología semejante de un gobierno de facto responsable del quiebre de la industria nacional, la asfixia de las economías regionales, la anulación de las instituciones republicanas, y la progresiva perdida del poder adquisitivo de los trabajadores, además de los crímenes de lesa humanidad que hoy se conocen, es motivo suficiente como para probar que la sentencia judicial que pesa sobre su cabeza, le corresponde. Sin lugar a dudas. El responsable de un proceso que llevó al exilio a la Negra Sosa junto otros artistas, que instauró una lista de libros, canciones y películas prohibidas, que capituló militarmente en Malvinas… ¿qué otra cosa puede decir sobre un gobierno democrático ponderado por la mayoría de los argentinos, por la comunidad latinoamericana y respetado en el contexto internacional? ¿y què otra sentencia le puede corresponder?.
Pero en algo coinciden hoy, tanto este
condenado como aquellos que promueven los juicios de lesa humanidad: la crìtica
a la justicia. Videla lo hace desde la convicción de la legitimidad de un
gobierno de facto, donde el ejecutivo elegía sus jueces. Los querellantes y
miembros de organismos defensores de derechos humanos, lo hacen desde las
trabas, chicanas, y demoras que se suceden en los procesos donde se juzgan
delitos de lesa humanidad.
En Formosa, ese tipo de excepcionalidades en estrados extraprovinciales, son los juri nuestros de cada día. Donde un prófugo sigue cobrando sueldo del estado, un condenado sigue cenando con su familia en lujosos restaurantes del la city porteña, donde todos los procesados por delitos de lesa humanidad siguen en libertad; donde los fiscales auto inhibidos y recusados son designados a dedo, y cuando concursan no llegan siquiera al porcentaje mínimo.
La lista de excentricidades jurídicas formoseñas puede hacer llegar a la histeria al más calmo de los juristas. ¿Dónde se ha visto que un fiscal no pida el procesamiento y detención del autor de un cambio de identidad de una criatura, cuyo autor reconociera su firma como testigo en el acta de nacimiento apócrifa? ¿Dónde sino en Formosa?. Sucedió cuando el ex general Pedrazzini reconociera ante el TOF la legitimidad del acta de nacimiento apócrifa de un chico nacido en Buenos Aires y adoptado en Formosa por la familia de un camarada. Solo se investigó si su adn coincidía con muestras del banco genético oficial. Pero el hecho de la apropiación, provenga la criatura de donde provenga, parecería que no constituye delito para nuestro ministerio pùblico. Por lo visto solo sería punible si se comprobase que fuera hijo de un desaparecido. Interpretación que coloca a la justicia formoseña a la “altura” de los jueces que intervienen en el caso de los hijos de Noble.
¿Dónde un ex subjefe de policía de la democracia acusado por su participación en centros clandestinos de detención, siga en libertad cuando un ex conscripto, hace poco tiempo atrás confirma la participación de este oficial de la policía provincial en el “chupadero” del RIM 29, que habría falsificado la firma del soldado Genes en una declaración preparada para justificar su detención y disimular su “suicidio” en cautiverio?
En Formosa
¿Dónde un ex gobernador condenado judicialmente por secuestros, torturas y desapariciones tiene la misma jerarquía que otro mandatario, en la galería de gobernadores ubicada en la misma entrada de la casa de gobierno?
En Formosa
¿Dónde no se aplican las directivas emanadas de la ley del Congreso Nacional que considera espacios de la memoria a los centros clandestinos de detención?
En Formosa.
¿Dónde el estado democrático no se constituye como querellante en las causas por delitos de lesa humanidad, y en cambio si haya propiciado cauciones institucionales para garantizar la libertad de los genocidas?
En Formosa.
¿Dónde siguen en vigencia normativas dictadas durante la dictadura tales como la orden de quemar toda documentación oficial que supere los 10 años, pensada para anestesiar la historia, y continuar con la amnesia colectiva decretada por los militares?
En Formosa.
¿Dónde las autoridades se niegan a dar curso a un pedido de la comunidad educativa de una escuela secundaria de llamarse “Memoria, Verdad y Justicia” por su proximidad a un centro clandestino de detención perteneciente a la policía provincial donde fueron torturados y desaparecidos muchos militantes populares formoseños?
En Formosa.
Por lo visto, no es casual que Videla siga concitando interés en determinada audiencia, y pueda ser noticia de tapa en publicaciones internacionales y nacionales, de donde abrevan muchos dirigentes y funcionarios provinciales.
La justicia formoseña demuestra que el legado procesista, a pesar de determinadas apariencias, aún sigue vigente, y se está notando cada vez más en quienes aún añoran la justicia de Videla.
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La construcción de los principios de Memoria, Verdad y Justicia en Formosa, y la mala palabra.
21/01/2011
El 24 de Marzo de 2004, el ex presidente Nestor Kirchner expresó en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada: "Como Presidente de la Nación vengo a pedir perdón por el Estado nacional, por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades". "No hay rencor ni odio. Lo que nos guía es la justicia y la lucha contra la impunidad". Al dirigirse a los hijos de desaparecidos, Kirchner les dijo que "está en ustedes que el oscurantismo no vuelva a la Argentina" porque "muchos especulan y muchos están agazapados esperando que todo fracase y vuelva la oscuridad". A partir de allí, comenzó un vivificante proceso que permitió comenzar a recuperar la memoria, la Verdad y la Justicia gracias a este reconocimiento y a la lucha incansable de las Madres de Plaza de Mayo, Abuelas, H.I.J.O.S., Familiares y los organismos de derechos humanos. Este gesto se completó con el inolvidable registro del retiro del cuadro de los genocidas Videla y Bignone del Colegio Militar de la Nación.
En Formosa, pese al evidente avance que fue el juicio en 2009 al ex gobernador de facto Colombo, los juicios “avanzan” en cámara lenta.
“PIEGARI”
Esta semana trascendió que el ex gobernador de facto de Formosa, el todavía general Juan Carlos Colombo, cenó en el restaurant Piégari, uno de los mas caros de Buenos Aires con su familia en el mes de diciembre. Recordemos que el anciano delincuente, fue condenado a veinticinco años de prisión por crímenes de lesa humanidad por el Tribunal Oral Federal de Formosa, falló que se encuentra firme por resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Placidamente se encontraba en ese restaurant violando las condiciones de su “prisión domiciliaria”.
Desde el fallo condenatorio, la Fiscalía del T.O.F. Formosa, demoró seis meses en elevar el expediente al Tribunal de Casación, elevación que se produjo ante el reclamo de querellantes y abogados. Luego de la resolución de la Corte, y ante la inacción de la fiscalía en orden a practicar el cómputo de pena y solicitar el traslado a una cárcel común, victimas, familiares abogados querellantes y organizaciones de defensa de los derechos humanos se vieron obligados a solicitar al T.O.F. tales medidas, sin que a la fecha se hayan producido novedades, a excepción del pedido al cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de una nueva revisión médica al reo.
A eso debe agregarse una nueva elevación a juicio del habitué de costosos restaurantes de Buenos Aires, destinada a obstruir nuevos juicios a los represores que asolaron la provincia en los oscuros años 70. Tal elevación se produjo por delitos probados con anterioridad a la primera elevación, lo cual implicaría un juzgamiento en cómodas cuotas.
BUSCADO
Mientras tanto, el año 2011 culminó con la noticia que el prófugo represor Horacio Rafael Domato continúa percibiendo sus haberes como comandante de gendarmería a pesar de que el propio gobierno nacional ofrece una recompensa a quienes puedan aportar datos que permitan su captura. Pese a una petición de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre de que se solicite al Ministerio de Seguridad la retención de esos haberes a fin de no financiar la clandestinidad del torturador, el Jugado Federal de Formosa no informó la anomalía a las autoridades nacionales. A la fecha, la Nación Argentina le sigue abonando el retiro a este sujeto, con dineros de todos los argentinos.
GENES
También a fines del año 2011, se probó en la megacausa Carrillo merced a la valiente declaración de un ex soldado conscripto del Regimiento 29 de Infantería de Monte, la participación del policía Agustín Echeverría en el grupo que asesinó al soldado Carlos Rolando Genes, falsificándole la firma en una pretendida declaración, toda vez que el soldado no había firmado ninguna declaración antes de “suicidarse”, luego de un mes de terribles torturas de las cuales existen sobradas pruebas en esa causa. Se haya suicidado o no, Genes fue asesinado al ser llevado a una situación extrema en el Centro Clandestino de Detención.
No se conoció actividad alguna de la fiscalía respecto de esta declaración que compromete gravemente la situación procesal de Echeverría.
CUESTIONES DE GÉNERO
También se conoció que la Cámara Nacional de Casación Penal revocó el sobreseimiento otorgado por el juez federal a favor de Echeverría en el caso de tormentos a la detenida Olga Gauna, sobreseimiento que al decir de la Cámara jamás debió ocurrir pese a los detallados padecimientos y torturas vinculadas a cuestiones de género narradas por la victima.
Cuando en el resto del país la política judicial se orienta a la concentración en megacausas de todos los imputados, en Formosa se los va elevando a juicio con cuentagotas y por solo algunos de los cientos de delitos cometidos.
Va siendo hora que la política nacional de derechos humanos, las disposiciones de la Cámara Nacional de Casación Penal y de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación lleguen a Formosa por vía de la justicia federal, a efectos que los gemidos de los torturados y el silencio de los desaparecidos en la dictadura, no terminen transformando la acción judicial tan solo en una mala palabra.
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